Hace un año y medio el Gobierno decidió dar de baja al Tango 01 y comenzó a gestionar una nueva flota presidencial para los viajes de Mauricio Macri y su comitiva. El 12 de agosto de 2016 manifestantes apedrearon el auto en el cual viajaba el Presidente y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, lo que encendió las alertas sobre la seguridad del mandatario y comenzaron las averiguaciones para obtener una camioneta blindada.
A pesar de las gestiones, las versiones y las promesas, al día de hoy los avances no son los esperados. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los responsables?
Aviones. Ni bien llegó a Casa Rosada, el macrismo adelantó que iba a jubilar al Tango 01 y el resto de la flota presidencial que arrastraba diversos problemas desde la gestión de Cristina Kirchner. Por esa razón, los primeros vuelos, como el viaje al Foro Económico de Davos fue en vuelos de línea. Mientras esto pasaba, en enero de ese año comenzaron las gestiones para adquirir un nuevo avión que trasladara al Presidente. El encargado de las primeras averiguaciones fue Hernán Bielus, quien estaba a cargo de la logística del Presidente, según pudo confirmar por ese entonces Perfil.
Bielus estaba bajo la órbita de Fernando De Andreis (Secretaría General de la Presidencia), pero fue desplazado en febrero de 2017. En medio de la logística, en un vuelo comercial que abordó Macri en España de regreso a la Argentina, ingresaron 64 mil pastillas de extasis. «El Presidente no puede viajar en vuelos comerciales», señaló por aquel entonces la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Según informó la revista Noticias, el Gobierno había dicho que la compra estaba encargada a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo dependiente de la ONU para diseñar políticas de seguridad para el mercado aéreo. El argumento era ofrecer transparencia al proceso de compra de una inversión que rondaría los 65 millones de dólares. Según la revista, el monitoreo de la compra estaba a cargo de Carlos Cobas, responsable de la logística de Presidencia y sobrino de Carlos Colunga, vicepresidente de Avianca Argentina y exjefe de Macri Airlines (Macair). Pero el 9 de marzo Cobas renunció. Y para peor, una empresa mediadora norteamericana, Engage, se presentó ante la Justicia en Florida y demandó al Estado argentino por 522 mil dólares. ¿Los motivos? Dicen que mandaron un Airbus ACJ319 desde Hong Kong a Buenos Aires para que Macri y su esposa, Juliana Awada, opinaran sobre el avión en un vuelo a Colombia por la firma del acuerdo de paz de ese país. Pero que Macri no quiso usarlo y solo les pagaron 241.000 de los 764.000 que supuestamente valía el servicio. En la Casa Rosada aseguran que se abonó todo lo debido.
Perfil habló con fuentes de Presidencia que negaron las demoras. «Todo está dentro de los tiempos estipulados con la OACI. Cuando ellos nos traigan los aviones preseleccionados, iremos a verlos. Pero no estamos presionando para que salga rápido», explicaron.
