El viernes, durante la marcha por Santiago Maldonado, millones de argentinos vimos, con estupor –pero no con sorpresa: ¡tan acostumbrados estamos al escándalo!– que una banda de facinerosos ab-so-lu-ta-men-te organizada y armada con palos, piedras que llenaban sus bolsos, y bombas molotov construidas con habilidad profesional, demolían vidrieras varias, el frente de dos bancos, una mutual de Gendarmería (con internados adentro…), y con sus aerosoles la emprendían contra monumentos históricos venerables: por triste caso, y con especial ensañamiento, el Cabildo…
De poco le sirvió a la policía enfrentarlos. La insultaron y la apedrearon cuando sólo hubo intención disuasoria, y también cuando no hubo más remedio que avanzar para detener una barbarie de resultados impredecibles: sin una mínima represión en la que sólo –paradoja– resultaron heridos… quince policías, ¿hasta qué punto habrían llegado?
Después del aquelarre y de la últimas y sombrías imágenes de la televisión: una parte de la ciudad herida, sucia, patética, digna de lágrimas, los ciudadanos supimos que había 31 detenidos con destino a los tribunales de Comodoro Py.
Como siempre –y es justo–, los honrados y respetuosos de la ley también pedimos justicia. No a gritos ni a palazos ni a destrozos: con el derecho que nos confieren las leyes, y sin dejar de pagar nuestros altísimos impuestos…
En verdad, no pedíamos mucho: sólo que los autores de tan brutal vandalismo pagaran lo que exige la ley.
Los delitos fueron «intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad». La intimidación pública puede ser penada con prisión de dos a seis años. Y agrega: «cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública», donde la pena de prisión es de tres a diez años. Sigue: «Atentado y resistencia a la autoridad» (penas de un mes a un año). Pero «si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas», donde la pena crece de seis meses a dos años.
En verdad, cualquiera que haya visto en vivo y en directo la quema de contenedores de basura, las pintadas de paredes, la rotura de vidrios de comercios y edificios públicos, y las agresiones hacia los hombres de la Policía de la Ciudad, no pediría venganza (palabra cara a los violentos) sino la simple, normal y democrática acción de la justicia.
Porque, de paso, entre los destrozos de las dos últimas manifestaciones… la Ciudad pagó más de 6.600.000 pesos. Y la Ciudad somos nosotros y nuestros bolsillos…
Pues bien. En Comodoro Py, 31 detenidos enfrentaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que el domingo, apenas dos días después de las detenciones, dispuso la liberación de 30 de ellos.
Sólo quedó un hombre que durante la indagatoria presentó un documento falso, dijo primero ser venezolano, y después colombiano…
La primera y más que racional pregunta: ¿Ninguno de los 30 es culpable? ¿Ninguno rompió, pintarrajeó, se encapuchó, lanzó una molotov, apedreó a la policía, se lanzó a furia y fuego contra el Cabildo?
¿¿¿¡¡¡Por qué!!!???
Durante el proceso, el juez aceptó un pedido de los representantes de Derechos Humanos Matías Aufieri y María del Carmen Verdú. Ambos llevaron al despacho judicial la preocupación «por la posibilidad de que los detenidos pasaran su tercera noche en tal condición»… pero no extendieron esa preocupación por los quince policías heridos.
¿El motivo que amparó a los detenidos e impulsó su liberación?: la duda.
Al parecer, no está probado que algunos de los detenidos fueran apresados en el área de los disturbios. Y la ley, ante la ausencia de pruebas contundentes e indiscutibles, impone el principio de inocencia.
Nada que objetar, señor juez.
Pero hay algo llamado «casuística»: parte de la moral que trata los casos difíciles. Y esa casuística, y su larga tradición nacional, nos dice cla-ra-men-te y todos los días y desde hace décadas, que el vandalismo exhibido impúdicamente el viernes, y su consecuencia de maldad y desprecio por las leyes y el prójimo y la convivencia democrática… ¡jamás, en ningún caso del pasado ni en éste, ha sido sancionado de acuerdo a lo que exigen la Constitución, el Código Penal, y todas las leyes ad hoc!
¿Esto significa que nunca hubo pruebas –¡una, al menos–, o que los vándalos gozan de una ley no escrita que los hace invulnerables o impunes?
No importa cuantas bibliotecas nos tiren por la cabeza ni cuantos argumentos intenten desengañarnos. En la Argentina, el portón de los malos está abierto de par en par…
Sólo un consejo para la próxima, respetable ciudadano vándalo. Rompa todo, pero no se olvide los documentos. Y si es venezolano, colombiano o de cualquier rincón de la tierra, no se meta. Y si se mete, ¡no mienta!
Porque la mentira sí que se paga cara en estos pagos.
Todo lo demás… es discutible, negociable, amiguero, friendly.
Y así se nos va la vida.
Fuente: infobae.com
