En abril de este año se concretó el despido del entonces presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Alejandro Cacetta, en medio de una maniobra cruzada entre operaciones de prensa y decisiones políticas que no terminaban de definir sus intenciones. Por entonces la expulsión del funcionario, que había sido designado por el propio gobierno, estaba vinculada a su intención de resistir los embates contra la autonomía política y la autarquía económica del Instituto de cine, a la vez que defender mecanismos de fomento que habían llevado a Argentina a ser una de las cinematografías más amplias y diversas del mundo.
Esta semana el INCAA publicó la resolución 942/2017 que ha puesto en estado de alerta a la mayoría de las asociaciones de sectores vinculados al cine en Argentina. La norma contiene una importante serie de tecnicismos y antecedentes legales, pero lo sustancial, según todas las opiniones al respecto, es que pone en peligro el sistema de fomento de la cinematografía local.
Esta decisión de modificar el régimen de asignación de créditos es parte de la decisión política del gobierno argentino para transformar el universo de la producción de contenidos en beneficio de los grandes jugadores de la producción audiovisual, nacional y multinacional, en detrimento de la política de expansión de participantes, que se venía sosteniendo en los últimos 20 años. Se especula que esta nueva política del INCAA será acompañada de una restricción de los fondos a otorgar, a partir de la sanción de una nueva ley de Convergencia que reemplazaría a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta nueva ley sancionaría un régimen de tributación por la cual el INCAA podría perder hasta el 60% de los fondos destinados a la producción de cine.
Presentado como un ordenamiento jurídico – fiscal, el nuevo régimen tiene fuertes definiciones conceptuales, las que también son criticadas por las asociaciones del cine. Muchos actores del sector temen que tras esta decisión se avance en la presentación de un nuevo proyecto de ley del cine que cristalice un régimen de producción más concentrado. El mismo podría incluir el sistema de mecenazgo, la redefinición de películas, producciones audiovisuales e industria y la contracción de los fomentos a documentales y óperas primas.
El presidente del INCAA Ralph Haiek, un hombre vinculado personalmente al presidente Mauricio Macri y a empresas multinacionales de televisión paga, afirmó que las medidas apuntan a sustentar la industria, aunque la realidad es que el virtuosismo fiscal que defiende solamente es un mecanismo de restricción crediticia.
Para Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) la Resolución 942/2017 del INCAA, “lisa y llanamente decreta la eliminación del cine independiente y de autor; y que produce inexorablemente una pérdida histórica de nuestras fuentes de trabajo”. Por su parte la Asociación de Cine PCI afirma que “La Resolución 942/2017 y sus Anexos profundizan la crisis que viene atravesando nuestro cine nacional, evidenciando políticas cinematográficas negativas para el Fomento que ahogarán financieramente a las pequeñas y medianas productoras”.La Sociedad General de Autores de la Argentina sostiene en su comunicado que “amparado en el articulado de la Ley de Fondo de Fomento, este conjunto de normativas, lejos de fomentar la actividad cinematográfica, se convierte en un diseño de financiamiento que impone peligrosas restricciones para la sustentabilidad de la producción, en especial para los emprendimientos alternativos de bajo y mediano costo con proyección autoral”.
Mientras las críticas arrecian, el presidente del Incaa sostuvo que “todas las películas que generan trabajo calificado de técnicos, directores, actores y autores van a seguir realizándose. Para nosotros, 2018 suena prometedor porque prevemos que tendremos incluso más rodajes. Entonces, desde ese punto de vista, los dejaría bastante tranquilos a aquellos que forman parte de la industria y que ruedan películas industriales”. Es interesante la sutileza del lenguaje de Haiek, refiriéndose al trabajo “calificado” y a las películas como “industriales”, ya que excluyen las producciones colaborativas y de bajo presupuesto, que quedarán excluidas del sistema crediticio. El presidente del INCAA apeló al reiterado mecanismo de comunicación gubernamental de acusar a las conducciones anteriores de poco transparencia (incluso aquella en la que él mismo fungió de vicepresidente) y justificó la reforma en la búsqueda de eficiencia en la aplicación de los fondos.
Para el presidente de PCI, el cineasta Daniel Rosenfeld, estas medidas significan “una asfixia para las productoras medianas y chicas. Nos pone en un lugar muy difícil, porque claramente el objetivo de estas medidas es que se hagan menos películas y que el financiamiento sea más complicado para que filmen menos personas, mientras que nosotros bregamos por un cine de diversidad y porque la producción no se pare”.
En respuesta a estas medidas, la Asamblea en defensa del Cine Argentino, organización creada durante la crisis del mes de abril, y compuesta por un diverso arco de actores de la industria audiovisual, convocó a una reunión abierta y pública para el jueves 28 de septiembre a las 18 horas en la puerta del INCAA, en la calle Lima 319, Buenos Aires. En la misma se proponen movilizar para presionar a las autoridades del INCAA para que revean sus nuevas políticas cinematográficas “que solo generarán mayor concentración de la producción nacional y afectarán la concreción de películas independientes”.
Gran parte de quienes analizaron las resoluciones del INCAA afirman que se dañará seriamente la producción de películas medianas y pequeñas. Nadie duda que se reducirá fuertemente el número de los muchos y muy interesantes documentales que en la actualidad se producen en Argentina. De este modo, se profundizará la concentración de producción y circulación de los contenidos audiovisuales. Y así dejará de ver la luz gran parte del discurso crítico que produce el campo audiovisual en el país.
Estas decisiones marcadas por la austeridad fiscal, pero que afectan principalmente a las voces que incomodan al gobierno, no han sido las únicas que ha tomado el INCAA. La Asociación Civil Nueva Mirada comunicó que, después de 15 años, debió cancelar la realización del Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Según el comunicado emitido el lunes 18 de septiembre, “los nuevos requisitos exigidos para la aprobación de los certámenes, como la emisión de cartas compromiso por parte de financistas y auspiciantes, han vuelto inviable su organización”. Las alertas se encienden también para el centenar de festivales de cine, que permiten que el cine alternativo al comercial sea visto en todo el país.
Las decisiones fiscales y las decisiones políticas convergen hacia la reducción de las voces y la concentración de la economía. Por el momento la respuesta de la industria del cine en toda su diversidad no se hizo esperar.
