El Poder Ejecutivo provincial remitió ayer el proyecto de ley para que la Legislatura salteña apuebe el Consenso Fiscal suscripto entre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores. El texto de 16 artículos, modifica normativas actuales con el propósito de establecer un sistema tributario homogéneo en todo el país. “Se pretende terminar con la anarquía tributaria entre las distintas provincias y avanzar en un proceso de unificación impositiva que brinde certeza, equidad y seguridad jurídica independientemente del lugar del país donde se realicen las inversiones”, explicó ayer el jefe de Gabinete, Fernando Yarade. El Consenso Fiscal se propone reducir drásticamente el déficit y, al mismo tiempo, achicar la presión fiscal. Esto supone, necesariamente, una reducción del gasto.
Boletos
Por eso, en su articulado figura la autorización para que la Autoridad Metropolitana de Transporte vaya adecuando en forma gradual la tarifa del servicio de ómnibus, “la que en ningún caso deberá superar la media nacional”. Salta ($6,95) y Ushuaia ($6,80) tienen hoy el boleto más barato del país. De acuerdo a las estimaciones, la media nacional oscila en los $9,80. El gradualismo asegurará, en este caso, que el boleto salteño llegue a esa media en seis meses, y también, que siga siendo el más barato por cuanto las provincias que están en la cima de la escala piensan seguir aumentando.
Consultado sobre eventuales despidos del personal del Estado, Yarade puntualizó que solo está contemplado en el proyecto establecer la obligatoriedad de la jubilación al alcanzar el personal el tope de edad, autorízandole a gozar de licencia extraordinaria con pleno goce de haberes hasta que el agente obtenga el beneficio jubilatorio. También está previsto abrir un plan de retiros voluntarios previsto por el Gobierno nacional, cuyas condiciones serán definidas por las autoridades de Nación.
En 6 meses proyecta el Gobierno incrementar de manera escalonada el precio del boleto colectivo urbano. Si se autoriza antes de fin de año, se tratará de la tercera suba del 2017.
La escala de reducción de alícuotas al impuesto de actividades económicas se corresponde con el programa del Gobierno nacional para disminuir la presión tributaria en todo el país y racionalizar el escenario tributario. En el proyecto, se destaca la meta de “promover el empleo, la inversión, el crecimiento económico, y generar políticas uniformes que coadyuven al logro de semejantes objetivos”.
Esa homogeneización tiende a eliminar los “gravámenes en cascada” que las provincias cobran a productos elaborados en otras jurisdicciones. “Se pone fin a las ‘aduanas internas’ dentro del territorio nacional”, señaló Yarade.
La escala de actividades económicas entre 2018 y 2022 deja exento desde el año que viene al crédito hipotecario, lo elimina gradualmente en cinco años para el campo, la pesca, la minería, la industria, electricidad, gas y agua (excepto residenciales) y transporte. Lo reduce sustancialmente para papeleras, construcción, comunicaciones, telefonía celular, actividades inmobiliarias y servicios sociales. Lo mantiene para el comercio y con disminuciones menores en otros rubros.
También se estipula la eliminación gradual hasta 2022 del impuesto a los sellos, salvo para transferencias de inmuebles y automotores y actividades hidrocarburíferas.
Además, se faculta al Poder Ejecutivo a establecer estímulos a la industria manufacturera. Además, se aplicará el 10% de lo recaudado por la actividad hotelera a la promoción turística, y el mismo porcentaje, pero sobre el comercio, para combatir la evasión y la deslealtad comercial.
