“Este señor se identificó con una matrícula federal del interior a nombre de Jesús Nicolás Graneros, credencial que presentaba signos evidentes de haber sido adulterada”, sostuvo el fiscal federal general de Salta, Carlos Amad.
El juez de Garantías 1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación penal por los delitos de falsificación de documento y falta de habilitación para representar a un cliente en una audiencia judicial, previstos en los artículos 292 y 247 del Código Penal.
La acusación recayó sobre el abogado Martín Miguel Poma Ovejero, detenido el 1 de julio pasado por orden del juez de Ejecución y Sentencia del Tribunal Oral Federal 2, Abel Fleming, luego de descubrir que se había presentado en defensa del recluso Gastón Gabriel Roldán sin contar con la matrícula federal habilitante.
Luego, se logró establecer que la credencial de abogado presentada había sido adulterada, y que la identidad consignada en ella no era la propia, sino la de otro defensor, por lo que el juez ordenó la inmediata detención, que se mantuvo durante algunas horas, tras comprobarse su verdadero nombre.
A partir de este hecho, Amad inició una investigación preliminar formalizada ante Bavio, quien aceptó los argumentos expuestos por la fiscalía, y dispuso una serie de medidas de coerción requeridas para garantizar el desarrollo del caso.
Durante la audiencia de imputación, el fiscal enumeró la prueba documental reunida, en especial informes realizados por la Policía Federal, otro provisto por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta respecto al legajo del abogado Graneros, cuya matrícula sí estaba activa, lo que no sucedió con relación a Poma Ovejero, ya que el Sistema Único de Matrículas Federales, constituido conforme a la Ley 22.192, no reveló que el imputado tuviera habilitación en ese registro.
Asimismo, destacó el resultado de una pericia realizada sobre la matrícula federal secuestrada al acusado, de la que surgió que la credencial “no cumple con los requisitos de originalidad establecidos por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; por lo tanto, resultó apócrifa en cuanto a su soporte”.
Entre otros reportes, el fiscal informó al juez que Poma “ya tiene un antecedente condenatorio que data del 10 de mayo de 2018”, y reveló que “el Juzgado Correccional de Primera Nominación de la justicia provincial lo condenó a dos años de prisión condicional por homicidio y lesiones culposas”.
La fiscalía aclaró que en ningún momento puso en duda la calidad de abogado del imputado, sino la “falta de habilidad” para litigar en la audiencia judicial en la que fue descubierto con una credencial apócrifa y a nombre de otro letrado.
Sobre esta cuestión, el juez compartió los argumentos de la fiscalía, validó la calificación legal requerida contra Poma Ovejero y convalidó el pedido de la fiscalía para que el acusado “se someta al proceso judicial en curso, no obstaculice el mismo, dada su calidad de abogado y se presente regularmente en la Oficina Judicial”, con un plazo fijado en 30 días por el magistrado.
En tanto, Bavio rechazó la solicitud del fiscal para que al imputado se le prohíba salir del país.
En el inicio de la audiencia, la defensa de Poma Ovejero objetó la presencia en la sala de un periodista del Área de Prensa de la Unidad Fiscal Salta, por lo que el magistrado ratificó el principio de publicidad del proceso, que «impera y no puede ser invocado con anterioridad”.
Amad recordó que Poma Ovejero “es imputado y estamos en el inicio de un proceso que es oral, público y me parece que no hay ningún tipo de daño», tras lo que opinó que el imputado “quiere plantear un caso de censura previa”.
