En el marco de una investigación penal por el delito de lavado de activos que lleva adelante el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, el Juzgado Federal de Garantías N°2 de esa provincia hizo lugar a la imputación contra siete personas vinculadas al clan de “Los Liquitay», una organización narcocriminal que operaba en el Noroeste Argentino.
Una de las implicadas es Deolinda Hayde Liquitay, hermana de Alberto Abel Liquitay, detenido junto a su hermano David Liquitaya Choque el 12 de enero pasado. Ambos fueron imputados en ese momento por los delitos de «transporte de estupefacientes y lavado de activos provenientes del narcotráfico agravado por su habitualidad y por ser cometido por un grupo organizado».
De acuerdo al MPF, los dos son hijos de Alberto Estanislao Liquitay, fundador principal del clan, cuyas maniobras de tráfico datan de 1978 y consistieron en el transporte de droga desde La Quiaca al sur del país, lo que se hacía ya sea por distintos vehículos, o bien, mediante el envío de encomiendas, entre otras modalidades. En 2020, Alberto Estanislao Liquitay falleció y el mando de la organización quedó en manos de Alberto Abel y de Liquitaya Choque, quienes continuaron con la empresa delictiva.
Además de Deolinda Liquitay, las imputaciones alcanzaron ahora a su pareja, Mario Gómez y a Brian Esquivel, Matías Gauto, Darío Giménez, Yesica Brenda Avendaño y Sabrina Saravia. Por otra parte, a pedido de la fiscalía, se dictó la captura nacional e internacional de otros dos implicados.
En función de los riesgos procesales, tanto de fuga como de entorpecimiento procesal, la gravedad del hecho y la escala penal por encima del mínimo para una pena de ejecución condicional y las conexiones existentes entre miembros del clan con funcionarios de diversos organismos, los representantes del MPF solicitaron la prisión preventiva de todos los acusados, con excepción de Saravia y Avendaño.
El Juzgado Federal de Garantías N°2 de Jujuy hizo lugar a la prisión preventiva de cinco de ellos y ordenó que Esquivel, Gauto, Giménez y Gómez sean detenidos de inmediato y trasladados a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal. En cuanto a Deolinda Liquitay, se dispuso que cumpla la detención bajo la modalidad de arresto domiciliario. Respecto a Saravia y Avendaño, se dictó la prohibición de salir del país y de no entorpecer el proceso.
