Jarsún se desempeña como director de Aguas del Norte desde el 27 de diciembre de 2022 y, al mismo tiempo, fue designado como ministro de Gobierno y Justicia en diciembre de 2025. La acumulación de funciones despertó fuertes cuestionamientos políticos y sociales, especialmente tras el fatal episodio en el que dos trabajadores perdieron la vida mientras realizaban tareas presuntamente sin los elementos de seguridad adecuados.
La muerte de dos operarios de Aguas del Norte en Rivadavia Banda Sur volvió a poner bajo la lupa al funcionario provincial Jorge Ignacio Jarsún Lamónaca, conocido políticamente como “Nacho”, quien actualmente ocupa dos cargos de máxima responsabilidad dentro del Gobierno de Salta.
La tragedia abrió un debate incómodo: ¿puede un solo funcionario conducir dos organismos clave mientras ambos atraviesan momentos críticos? Sectores opositores y usuarios vienen denunciando desde hace tiempo problemas de gestión, falta de respuestas y ausencia de conducción tanto en Aguas del Norte como en áreas vinculadas al Ministerio de Gobierno.
Las críticas también apuntan al gobernador Gustavo Sáenz, a quien acusan de sostener políticamente a Jarsún pese al creciente desgaste de su imagen y a las reiteradas denuncias sobre deficiencias en distintos sectores del Estado.
Mientras el debate político crece, el propio Jarsún se expresó públicamente a través de sus redes sociales tras la tragedia. “Lo ocurrido en Rivadavia Banda Sur, en donde dos trabajadores de Aguas del Norte perdieron la vida mientras cumplían sus tareas, nos conmueve profundamente”, escribió el funcionario.
En el mismo mensaje aseguró haberse comunicado con las familias de las víctimas para expresar condolencias y acompañamiento, además de solicitar a la empresa colaboración “plena y activa” con la investigación judicial y administrativa en curso.
“Este es un momento que exige respeto, responsabilidad y acompañamiento. Actuaremos con seriedad, transparencia y firmeza”, sostuvo.
Sin embargo, las palabras no alcanzaron para frenar los cuestionamientos. En medio del dolor y la indignación, crecen las voces que exigen respuestas concretas, responsabilidades políticas y explicaciones sobre las condiciones laborales en las que trabajaban los operarios fallecidos.
